Los unos y los otros: retiro de 100%

Luis Felipe Lagos

Después de tres retiros de “10%” de ahorros previsionales, han surgido distintas voces proponiendo retirar el 100% de los fondos acumulados en las cuentas administradas por las AFP. Estas reflejan dos posiciones que están en las antípodas: una persigue terminar con el pilar de capitalización individual del sistema previsional, y la otra es una defensa de la propiedad de estos ahorros frente a un proyecto de ley que busca “nacionalizarlos”.

La iniciativa de los retiros parciales siempre tuvo como objetivo principal debilitar el sistema de capitalización, para posteriormente darle el zarpazo final. Lamentablemente, los parlamentarios oficialistas que votaron a favor nunca pudieron ver esto y contribuyeron decididamente a dañar la capitalización individual, que supuestamente está dentro de las convicciones que defienden.

Los más burdos propician retirar todo para “dar el tiro de gracia a las AFP” y partir con un nuevo sistema de reparto (trabajadores cotizan para financiar pensiones de los jubilados); los más astutos reparan en que los fondos pueden confiscarse y usarse a su antojo por un futuro gobierno.

En la posición opuesta se plantea el retiro del 100% para defender la propiedad del ahorro previsional de los trabajadores. En efecto, el proyecto patrocinado por la presidenta del Senado, Yasna Provoste, entre otros, postula la “nacionalización” de los fondos. Esto es, traspasar la administración privada a una agencia estatal monopólica, creando cuentas nocionales. Estas son sólo un registro, donde se imputa una tasa de interés (no un retorno efectivo), lo cual constituye, en los hechos, una confiscación de los fondos. Ningún país ha transitado de cuentas individuales, donde el trabajador es dueño de sus fondos, a cuentas nocionales, donde el Estado puede usarlos para redistribuir u otros propósitos. Algunos países han pasado de un sistema de reparto a cuentas nocionales.

Cualquiera sea la razón para el retiro de 100%, esto conlleva la destrucción del sistema de pensiones, con efectos económicos y financieros devastadores. En el corto plazo caería el precio de los activos y se elevarían las tasas de interés; el Banco Central no tendría los instrumentos para suavizar estos efectos. Los afiliados terminarían retirando bastante menos de lo que tienen hoy: la caída de las pensiones dependería de cuan previsores sean los individuos, de cuánto destinen a ahorro para la vejez.

La pérdida de credibilidad de las instituciones alentaría la fuga de capitales y depreciación del peso. La menor demanda por bonos y acciones reduciría la disponibilidad de financiamiento y elevaría su costo para las empresas, el Estado y del crédito hipotecario. La caída del ahorro (previsional) disminuiría la inversión, el crecimiento, empleo y recursos para las políticas sociales. El aumento del consumo elevaría la inflación, perjudicando a los individuos más vulnerables que viven de un salario. Se deterioraría fuertemente la situación fiscal, al aumentar la presión por pensiones básicas.

Es tal el descalabro de retirar los fondos por una parte y, por la otra, es tan absolutamente legítimo que deban protegerse de una confiscación, que lo que se requiere es un acuerdo “escrito en piedra”. Este debiera contemplar que en ningún caso los fondos de las cuentas individuales del trabajador puedan ser confiscados, expropiados o nacionalizados, teniendo siempre la opción de elegir una administración privada (incluida las AFP) o estatal de sus fondos.